En este artículo de opinión, José Francisco Rodríguez, como presidente de la AEERC, aborda una posible nueva batalla de algunas empresas con el poder legislativo, por un cambio en la normativa que legisla su actividad. En este caso se trata de un borrador de proyecto de ley del Ministerio de Transición Ecológica, que afecta a las empresas del ámbito de la energía, gas y luz. Se busca evitar los abusos y reclamaciones”, según se indica en la exposición de motivos de dicho proyecto de ley.
Un agosto más, nos sorprendemos con una nueva propuesta para limitar la posibilidad de que las empresas puedan realizar llamadas comerciales a clientes. En esta ocasión la iniciativa proviene de un ministerio diferente, el de Transición Ecológica, que ha desarrollado un borrador de proyecto que afectaría a las empresas del ámbito de la energía, gas y luz. Según se indica en la exposición de motivos, por “los abusos y reclamaciones”, pero que como en otras ocasiones, no corresponden a una cuantificación ponderada.
No es, por lo tanto, un reflejo del impacto positivo que tienen las llamadas comerciales, en un mercado de libre competencia, en el que, desde las administraciones, se debería favorecer la libre competencia. Y en todo caso, debería arbitrar mecanismos de defensa del consumidor, que no se conviertan en prohibiciones constantes de actividades generales que aportan valor al mercado y al país, como es el derecho que tienen las empresas a difundir y comercializar sus productos, en el marco de la legislación vigente. Una legislación que ya define pautas que, por cierto, son muy recientes. Me refiero a la Ley de Telecomunicaciones que entró en vigor en julio del año pasado, y a la resolución de la AEPD de la misma fecha, y que define los criterios de actuación para todas las empresas en España.
La cuestión de esta propuesta de Reglamento General de Suministro y Contratación incluido en un real decreto que está actualmente en trámite de audiencia pública, es que el Ministerio para la Transición Ecológica establece, en su artículo 13, “el final de la posibilidad de que los comercializadores puedan realizar publicidad y contratación del suministro vía telefónica, salvo que exista una petición expresa por parte del consumidor o la llamada sea originada por su propia iniciativa”, sin tener en consideración la realidad no solo desde el punto de vista de empresa, sino también desde el punto de vista del cliente, que con esta limitación ve mermada las posibilidades de acceder a nuevas ofertas comerciales que mejoren su equipamiento o factura.
No comprendemos que se siga legislando con carácter general punitivo en lugar de buscar nuevos incentivos y acuerdos, que al contrario de lo que promueve esta propuesta, permitan mejorar y ordenar la realización de llamadas comerciales, en aras a favorecer la competencia y las ventajas para clientes. Si lo que se busca es que las más de 500 comercializadoras, mejoren sus servicios, se debería apoyar con proyectos de digitalización los procesos de contratación, grabación y monitorización de los contactos.
Es un poco triste leer continuamente frases como “hacemos una ley porque hay muchas reclamaciones”, pero luego resulta que el volumen total de estas, es casi insignificante en correspondencia con el total de actividad que se realiza. ¿No sería más lógico poner foco en la mejora en lugar de prohibir todo?
Pero es que, además, ahora mismo se está tramitando la Ley de Servicio Atención a la Clientela, que también aborda estos temas, pero por parte del Ministerio de Consumo. Y hay otra iniciativa impulsada por el Ministerio de Transformación Digital, sobre suplantación de llamadas. Ambos proyectos se unen a esta propuesta del Ministerio de Transición Ecológica, y todo ello sin olvidar, que en julio del año pasado entró en vigor la Ley de Telecomunicaciones y la directriz de la AEPD. ¿Es que cada ministerio tiene que legislar sobre lo mismo?
Nos parece poco eficiente, y poco lógico, teniendo en cuenta una máxima, como es “que el cliente es único”. Toda esta hiperactividad legislativa representa una continua inseguridad jurídica para las empresas y una merma en el derecho de los consumidores a beneficiarse de las ventajas de un mercado competitivo.
Creemos que se debería suspender la tramitación de todas estas leyes y reglamentos y recuperar la Ley General de Consumo, y desarrollarla para actualizarla con criterios que permitan incorporar cómo afectan las nuevas tecnologías al sector de la venta telefónica, a las personas y el empleo y, sobre todo, con el objetivo de que, desde una visión única, en una misma ley, como es la de Consumo, se desarrolle un redactado, que permita mejorar la posición de las empresas españolas, su competitividad y apoye la mejora de calidad de los clientes, desde una perspectiva de desarrollo de negocio, y no de prohibición.
En cualquier caso, desde las asociaciones del sector, ya estamos trabajando en alegaciones tanto en el proyecto de limitación de llamadas en las empresas energéticas, como en el proyecto de suplantación de llamadas, así como en el proyecto de ley de Servicio de Atención a la Clientela.
No nos aburrimos y nos sorprende que siempre sea en agosto.
En el caso de las dos primeras, tenemos hasta el 13 de septiembre para presentar alegaciones, y en el caso del proyecto de ley Servicio Atención Clientela, ya hemos presentado alegaciones y ahora estamos a la espera de conocer cuantas de ellas se han recogido en la tramitación parlamentaria.
No debemos continuar en esta senda de penalizar a las empresas y su actividad principal, es un gran error y cuyas consecuencias se traducen en una reducción de actividad con lo que esto significa para una economía y sociedad.
Legislar, debe ser algo más que prohibir, desde mi punto de vista legislar debería ser fomentar, impulsar, desarrollar.
(José Francisco Rodríguez, presidente de la AEERC)
