Tras la reciente petición de la Asociación Española de Expertos en la Relación con Clientes (AEERC) para la derogación de la “Lista Stop Publicidad”, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha emitido una aclaración importante.
En una comunicación oficial, la AEPD ha señalado que no es la responsable directa de la creación y gestión de la “Lista Stop Publicidad”. Según la Agencia, la publicación de este sistema de exclusión publicitaria, que tuvo lugar el 31 de enero de 2025, es resultado de una resolución de la propia AEPD de fecha 21 de enero de 2025, pero la responsabilidad recae en la Asociación Española para la Privacidad Digital (AsociacionEPD).
Ante esta situación, la AEPD ha anunciado la apertura de un procedimiento administrativo, que se inicia en respuesta a la solicitud de la AEERC, en la que, en un firme comunicado, Jose Francisco Rodriguez, presidente de la Asociación Española de Expertos en la Relación con Clientes (AEERC) expresó la profunda preocupación del sector ante la aprobación de una nueva lista de exclusión.
La AEPD introduce un nuevo elemento en el debate, desplazando el foco de la responsabilidad directa hacia la Asociación Española para la Privacidad Digital (AsociacionEPD). No obstante, la apertura de un procedimiento administrativo por parte de la AEPD sugiere que la Agencia está tomando en serio las preocupaciones planteadas por la AEERC y analizará la situación en profundidad.
El presidente de la AEERC, si bien toma nota de la aclaración de la AEPD, mantiene su postura sobre la innecesaridad y los perjuicios que conlleva la existencia de esta nueva lista. La asociación estará atenta al desarrollo del procedimiento administrativo y confía en que la AEPD tomará una decisión que beneficie tanto a los ciudadanos como al sector de la relación con clientes.
En resumen, Jose Francisco Rodriguez, ha destacado tres motivos fundamentales que sustentan esta postura:
- Duplicidad innecesaria: Existe ya un sistema operativo y ampliamente conocido por los usuarios, la Lista Robinson, que cumple eficazmente con la finalidad para la que se crean estos registros. La creación de una segunda lista genera una redundancia que no aporta valor añadido.
- Aumento de costes para las empresas: La obligación de consultar una nueva lista de exclusión implica un incremento directo en los costes operativos de las empresas españolas, que deberán adaptar sus procesos y sistemas para cumplir con esta nueva exigencia.
- Dudas sobre la naturaleza de la resolución: Resulta especialmente preocupante para el sector que esta resolución haya sido aprobada en su cuarto intento, tras haber sido denegada en ocasiones anteriores. La vinculación de la “Lista Stop Publicidad” al ofrecimiento de servicios de índole privado, ajenos al interés público que deben regir estas listas, genera serias dudas sobre la idoneidad de esta iniciativa.
Además, ha señalado otros inconvenientes derivados de la coexistencia de múltiples listas de exclusión:
- Mayor complejidad y riesgo de errores en los procesos de verificación.
- Confusión en los ciudadanos, que podrían no tener claridad sobre dónde están inscritos.
- Ausencia de una mejora sustancial en la protección del ciudadano, ya que las listas no son excluyentes entre sí.
- Vulneración del principio de libre competencia, dificultando el desarrollo eficiente de la actividad del sector.
- Inexistencia de una mayor seguridad o protección para el ciudadano por la existencia de múltiples registros.
- Imposición de tarifas a las empresas por el acceso a la nueva lista, lo que cuestiona el criterio de interés público y se aleja de las prácticas europeas donde este servicio suele ser gratuito.
Asimismo, ha instado a que en el futuro se limite la gestión de la exclusión publicitaria a una única lista, como es la actualmente vigente Lista Robinson, sobre la cual las empresas españolas ya han desarrollado sus procedimientos e inversiones para su automatización.
La AEERC, con sus 25 años de trayectoria representando a profesionales y empresas del sector de la Atención al Cliente, reafirma su compromiso con la mejora continua de la industria y la defensa de sus intereses, buscando siempre un equilibrio entre la protección de los derechos de los ciudadanos y el desarrollo eficiente de la actividad empresarial.
